Tres de cada cuatro coches no podrán circular en 2023

Os lo adelantamos en este artículo: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a instaurar una Zona de Bajas Emisiones. Esa noticia, que no pilló por sorpresa a ciudadanos de Barcelona o Madrid, puede suponer un cambio drástico en las vidas de muchos conductores. Más aún tras la publicación de los cálculos de MSI para Sumauto, que asegura que tres de cada cuatro coches no podrán circular por las ciudades cuando entre en vigor la nueva ley.

A día de hoy, y tal como asegura el estudio, el 75% de los vehículos que circulan por ciudades de más de 50.000 habitantes es de combustión, con distintivo A, B y C de la DGT. Es decir, la transición energética todavía no se ha producido en su mayoría. Este dato, que parece lógico teniendo en cuenta la infraestructura y la construcción vertical de nuestras metrópolis, supone que la libertad de movilidad de tres cuartas partes de conductores esté pendiente de un hilo.

La implicación de los consistorios

La Ley de Cambio Climático es muy clara en otro aspecto: se debe garantizar la mejora y el uso del transporte público. Un medio que también debe avanzar hacia la electrificación o alternativas al combustible fósil tradicional. En marzo asistimos a la anulación de la ZBE de Barcelona por parte del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) por ser desproporcionada, no contar con los informes suficientes que avalen esa aplicación y un exceso en el ámbito de aplicación y tipo de vehículos excluidos. El Ayuntamiento de Barcelona presentó el recurso ante el Tribunal Supremo y, hasta el fallo, seguirá sin aplicarse la sentencia.

Un ejemplo de la situación crítica que han vivido algunos vecinos de la ciudad condal, que demanda alternativas realistas. Otro de los puntos clave de esta nueva Ley de Cambio Climático, que pide implicación y planes ambiciosos de movilidad que ayuden a la ciudadanía a desprenderse del transporte privado. Proyectos que tiren adelante unas exigencias europeas que parecen tener resultado, como es el caso de la reducción del 38% en NOx y el 14% de CO2 desde la aplicación de Madrid Central según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Mientras todo eso sucede, las noticias no son nada esperanzadoras para la gran mayoría de la población rodante. Con la implantación de las ZBE y la limitación de la libre circulación de vehículos de combustión, cerca de 149 municipios se verán afectados en cuestión de meses. Es más, esta propuesta también afectará a las poblaciones de más de 20.000 habitantes en jornadas de alta contaminación establecidas en el BOE. La suma supone que más de 25 millones de habitantes, el 53% de España aproximadamente, deban cambiarse de coche para 2023.