Una España vacía de cargadores vota eliminar los coches de combustión en 2035
El miércoles, el Parlamento Europeo ratificó la prohibición de la comercialización de coches y vehículos comerciales de combustión -incluidos los híbridos e híbridos enchufables- a partir de 2035. La eurocámara tuvo más problemas de los esperados por una enmieda presentada por el Partido Popular que buscaba retrasar la fecha, pero que fue rechazada finalmente por la mayoría. Entre los votos positivos estuvieron los de los eurodiputados españoles de Ciudadanos y del PSOE, los votos del Gobierno de un país que tiene solo 14.244 cargadores públicos y que se sitúa a la cola europea en cuanto a penetración de los eléctricos en el mercado.
De un territorio en el que solo el 36% de los cargadores, según un estudio de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y el Observatorio de Sostenibilidad, están en el territorio rural o en las carreteras principales, esas en las que, precisamente, deberían haber más cargadores públicos para posibilitar los viajes largos.
De un país en el que los cargadores de menos de 22 kW de potencia, en los que los coches más habituales necesitan más de tres horas para cargarse, son el 85% de la red según los datos de la patronal Anfac, en el que, según el estudio, solo el 2% de los conectores supera o iguala los 150 kW. Y no precisamente gracias al Gobierno, ya que la mayoría han sido instalados por empresas privadas o por los fabricantes de coches, que impulsan el 88% de los proyectos de carga rápidos de más de 250 kW de potencia.
Pocos y muy mal repartidos
Casi el 70% de los cargadores públicos de España están en las grandes y medianas áreas urbanas, dejando las poblaciones pequeñas y de interior poco abastecidas. Además, los pocos enchufes que se encuentran en las zonas rurales son lentos. Según el informe de Ecodes, en Galicia, Cantabria, La Rioja y Navarra no hay ni un solo cargador rápido, comunidades a las que se suman las provincias de Castellón, Guadalajara, Gipúzcoa, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel. En conclusión, mientras en las ciudades hay un cargador cada cuatro kilómetros, en las áreas rurales hay uno cada 349 kilómetros, una cifra superior a la autonomía de muchos de los eléctricos vendidos hoy en día. 
Se necesitan inversiones públicas
Y aun así el Gobierno ha apoyado la prohibición de los coches de combustión aún a sabiendas de que son indispensables inversiones de calado para acelerar el despliegue de cargadores para que la situación no se vuelva insostenible. Además, es inviable pensar que los fabricantes y las empresas privadas puedan seguir tirando del carro para el despliegue de cargadores y la inversión pública debe estar a la altura.Lo pedía José López-Tafall, director general de Anfac, cuando presentó el último Barómetro de la Electromovilidad de Anfac y dijo que “hay que acelerar, de manera urgente, el ritmo tanto de penetración del vehículo electrificado como de despliegue de puntos de recarga si se quieren alcanzar los objetivos”. “Los datos son la evidencia de la necesidad de establecer medidas adicionales potentes”, añadía. “El despliegue masivo de la red de puntos de carga es vital para la implantación de la movilidad eléctrica de manera rápida, eficaz y eficiente”, argumenta por su parte Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de Ecodes.
Las peticiones desde la patronal y Ecodes se suman a las de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) que admite que pese a que las nuevas normativas ponen fin a la combustión y cifras a la reducción de emisiones y proponen un número de mínimo de cargadores por país, la flexibilidad de este último punto, que puede reducir la cifra según el volumen del tráfico o los análisis de costes y beneficios pueden poner en peligro que se cumplan.
Desde ACEA lamentan que el 70% de los cargadores de la UE están concentrados en cuatro países -España no es uno de ellos- “permitiendo a los países”, dice Eric-Mark Huitema, director general de ACEA, “que se apliquen en cada uno diferentes medidas en el despliegue de cargadores”. “Esto se debe evitar a toda costa, porque desincentiva a los compradores a pasarse a la movilidad eléctrica”, añade. “Necesitamos un cambio en la adopción de esta normativa”, un cambio que evite la flexibilidad y se base en la obligación para garantizar su cumplimiento. Como reclamaron desde Anfac, “necesitamos herramientas al mismo nivel de exigencia si se quiere que su cumplimiento sea posible”. Estas medidas deben posibilitar el despliegue de puntos de recarga con nuevos objetivos “ambiciosos pero vinculantes”.
Empieza la cuenta atrás hasta 2035, un período en el que muchos están deseando dar el salto a los eléctricos, pero que se echan atrás por el coste, todavía elevado en relación con la combustión, pero sobre todo por la incertidumbre que genera la duda de saber si podrán cargar el coche o no.