Multas: ¿Es legal avisar de la presencia de radares?
Actualmente existen un sinfín de aplicaciones de mapas como, por ejemplo, Google Maps o Waze, que informan sobre la presencia de radares fijos en las carreteras, beneficiando así a los conductores que suelen exceder el límite de velocidad, puesto que al conocer la ubicación exacta de los cinemómetros pueden levantar el pie del acelerador cuando la aplicación les lanza un aviso. Esta situación ha creado un debate entre la sociedad sobre si es legal avisar de la presencia de radares y controles de velocidad.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), avisar sobre la ubicación exacta de un radar fijo es completamente legal, puesto que se trata de una información pública y que la propia DGT difunde a través de su página web.
No obstante, la situación cambia cuando se trata de radares móviles, puesto que la lista publicada por la DGT informa sobre los tramos de carretera en los que se suelen situar estos controles de velocidad, pero no detalla el punto kilométrico exacto. Por ello, en estos casos, informar sobre la posición exacta de un control de velocidad es totalmente ilegal.
Una vez aclarado esto, debes tener en cuenta que en un vehículo existen distintos tipos de dispositivos capaces de avisar, detectar e incluso inutilizar la acción de un cinemómetro. Algunos de ellos son legales, pero otros no lo son y su uso puede ser duramente sancionado. A continuación te contamos cuáles son:
- Avisador: Los GPS y las aplicaciones móviles incluyen una base de datos con la localización de los radares fijos y de tramo de las carreteras españolas. Por ello, los sitúan en el mapa y avisan al conductor de la proximidad del mismo. El uso de estos dispositivos es totalmente legal.
- Detector: Este dispositivo rastrea y localiza los radares más cercanos. El uso de los detectores de radares está prohibido y al considerarse una infracción grave se sanciona con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del permiso de conducir.
- Inhibidor: Este dispositivo rastrea los radares y anula su funcionamiento, por lo que su uso es totalmente ilegal y está sancionado con una multa de hasta 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir. Asimismo, el taller que instale dicho dispositivo también puede ser sancionado con una multa de hasta 30.000 euros.