Las gasolineras anticipan una avalancha si se elimina el descuento de 20 céntimos
Las empresas indican que según lo que apure el Gobierno con su anuncio tendrán más o menos dificultades para afrontar el cambio.
Qué pasará con el descuento de 20 céntimos al carburante el 1 de enero de 2023 es uno de los secretos mejor guardados por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque muchos de sus ministros han ido dejando algunas pistas que se dirigen hacia la desaparición de su carácter generalizado. A falta de un anuncio oficial 10 días antes de final de año, cuando acaba la actual ayuda, las gasolineras se preparan para un efecto acaparamiento típico previo a una subida de impuestos o de precios.
“¿Si a ti te dicen que el día 31 de diciembre llenas el depósito a un precio y el día 1 de enero al mismo precio más 20 céntimos, no repostarías antes de Nochevieja? Es evidente que va a haber casos de desabastecimiento si esto no se tiene previsto con el tiempo suficiente”, advierten desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa principalmente a estaciones de servicio abanderadas (aquellas con nombre de grandes grupos pero propiedad de pequeñas empresas). La asociación asegura que no tienen información ni oficiosa, ni oficial --hicieron un requerimiento a Hacienda que no ha tenido respuesta--, pese a ser "colaboradores en la gestión de la prestación, según el real decreto ley que la regula", y añaden que cuanto más tiempo pasa menos capacidad de acción sobre el suministro y la plantilla que necesitan en la última semana del año.
Se prevé que el anuncio se realice el martes 27 tras el último Consejo de Ministros del año, aunque el presidente del Gobierno Pedro Sánchez generó cierta confusión al aludir de forma errónea al día 29, en vez de al 27 en un acto este fin de semana. El último en señalar el final del impuesto para todos los conductores ha sido el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, esta misma semana. Entre las justificaciones para su retirada hay tres que se repiten constantemente: su finalidad “temporal” para controlar la inflación ante una situación de urgencia por la Guerra de Ucrania; su elevado gasto al suponer más de 6.000 millones de euros del presupuesto público y su carácter regresivo porque favorece a los de mayor poder adquisitivo.
El Gobierno tiene a favor la coyuntura actual con el precio de la gasolina en descenso y ya por debajo de lo que se pagaba por ella antes de la guerra. El litro de este carburante se pagó este martes 20 de diciembre a una media de 1,567 euros, por debajo de los 1,589 euros de un día antes de la invasión de Ucrania, según los datos del geoportal sobre hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica. El caso del diésel es muy diferente, casi un 12% más caro y con visos de seguir en aumento por la dependencia europea de este combustible de Rusia.
Las grandes compañías como Repsol, Cepsa y BP prefieren esperar al anuncio del Gobierno para realizar cualquier declaración. Pero fuentes del sector descartan que vaya a haber problemas en los últimos días del año, más allá de cuellos de botella puntuales. Afirman que los escenarios en los que se trabaja son dos: o que siga el descuento como está actualmente o que se quite porque de ninguna otra manera daría tiempo a adaptar el ‘software’ de las estaciones de servicio. Eso no quita que pueda haber cheques para las familias vulnerables o una bonificación para los transportistas, como han ido sugiriendo desde el Gobierno, pero ambos mecanismos previsiblemente funcionarían sin intervención de las petroleras.
En caso de una retirada general de la subvención, el sector trabaja ya en diversas estrategias de comunicación para dar tranquilidad a sus clientes. La apuesta pasa por volver a la política comercial de descuentos de fidelización con un ojo puesto en la investigación anunciada hace una semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo inspeccionó las sedes de las grandes petroleras tras la denuncia de las estaciones de servicio independientes por sus agresivos descuentos a los clientes finales y los elevados precios mayoristas que cobran por sus combustibles, que impediría a los más pequeños competir en igualdad de condiciones.
Aún si desaparece el descuento, en casi todas sus intervenciones los distintos miembros del Ejecutivo salvan siempre a los transportistas. Desde su patronal, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), confirman que no han tenido ninguna reunión con el Gobierno sobre el tema, pero confían en que el descuento se mantenga para ellos porque forma parte de los acuerdos sellados entre el Ministerio de Transportes y el sector. “En octubre se lo pedimos (la prórroga del descuento a partir de enero) y el espíritu del acuerdo es que mientras siga la crisis haya alguna vía de alivio”, afirman desde la CNTC. La fórmula podría ser similar a la del gasóleo profesional, a modo de devolución mensual vinculada a una tarjeta de pago de fidelización, pero extendiéndose también a los vehículos de menos de 3.500 kilos que no tienen ahora acceso a esa devolución. Sobre la posibilidad de un efecto acaparamiento el último día del año coinciden en que “dependerá de lo que apure el Gobierno. Cuanto más tarde, más riesgo”.