Se buscan 3,4 millones de cargadores en Europa para 2030

El número de coches eléctricos circulando por las carreteras europeas aumentará significativamente durante la próxima década en Europa, la región que más apuesta por esta tecnología en todo el mundo. Según la consultora McKinsey, este impulso de la electromovilidad, sumado a un interés real de los conductores por pasarse a los eléctricos supone una importante oportunidad de crear en Europa un ecosistema de movilidad eléctrica líder en el mundo. Pero, señala la consultora, hay un gran problema: la infraestructura de carga.

Parece que nos repitamos y que hayamos escrito esta noticia varias veces, pero los datos cada vez son más certeros. Al cierre de 2021, según la patronal del sector del automóvil en Europa, ACEA, había 375.000 cargadores públicos disponibles en sus carreteras. Sin embargo, según una investigación de ACEA y McKinsey la cifra debería aumentar -en el escenario más conservador de ventas de eléctricos- hasta 3,4 millones de cargadores para 2030 para dar un servicio acorde a la demanda que se generará.

Para conseguirlo no solo habría que aumentar sobremanera el número de instalación de cargadores, sino que habrá que preparar una inversión que podría alcanzar los 240.000 millones de euros. Desglosados, destacarían los 40.000 millones que se deberían invertir en cargadores públicos, los 41.000 millones necesarios para adaptar la red eléctrica y los 74.000 millones que se deberían destinar a la generación de energía renovable.

Para conseguirlo, además, no será suficiente con que los fabricantes de cargadores incrementen su producción o las energéticas inviertan en renovables. Será vital que compañías de todos los sectores implicados se coordinen para crear un ecosistema de recarga adaptado a los picos de demanda energética y al uso que se le darán a los cargadores.

El punto de partida no es especialmente halagüeño y existe la posibilidad -de hecho es la más probable- que la lentitud en el despliegue de cargadores termine por ralentizar el despliegue de los eléctricos. Desde ACEA y McKinsey identifican dos posibles escenarios: uno en el que la infraestructura de carga crece a buen ritmo y ayuda a la demanda y otro en el que crece según la demanda. Incluso en el segundo, el más conservador, se precisarían 3,4 millones de cargadores para 2030, repartidos en 2,9 millones para coches, 400.000 para vehículos comerciales y 100.000 para camiones y autobuses. Todo, sin contar los 29 millones de cargadores privados aproximadamente que se instalarán hasta la fecha.

Pese a ser el escenario más conservador, partiendo desde los 340.000 cargadores actuales habría que alcanzar un ritmo de instalación de 10.000 cargadores a la semana en 2030, subiendo desde los 1.600 semanales actuales y pasando por 6.000 puntos semanales en 2025 como punto intermedio. Desde ambas entidades admiten que este objetivo es complicado de cumplir y que los ritmos actuales son muy lentos.

Como es habitual, hay algunas amenazas que podrían poner en riesgo el despliegue de los eléctricos conforme crece la red de cargadores, sobre todo en algunos países. Desde ACEA y McKinsey no consideran el incremento del consumo una amenaza, sin embargo, y creen que conforme se adapte la red eléctrica se evitará el estrés de la misma con soluciones como estaciones de almacenamiento de energía o la carga inteligente.

No obstante, el informe hace hincapié en la necesidad de generar más energía renovable para satisfacer la demanda de los eléctricos, que subirá desde los 9TWh actuales hasta los 165 TWh para 2030. La energía creada específicamente para los coches eléctricos, que debería ser de procedencia renovable si de verdad queremos que los eléctricos sean sinónimo de descarbonización, debería incrementarse en un 40% anual hasta ese año.

Otro de los peligros identificados por la patronal y la consultora es el reparto equitativo de la red de carga, tanto por países como por habitantes de un mismo país. Según su datos, el 42% de los propietarios de coches eléctricos residentes en una ciudad no tienen acceso a un cargador privado y necesitan de infraestructura pública, cuyo precio de carga es, de media, entre el 30% y el 200% más caro. El informe insta a un despliegue equitativo entre ciudades y barrios y a la creación de planes específicos para propietarios que no tengan acceso a un cargador privado para que la carga no sea más cara. De no cumplirse, la transición a la movilidad eléctrica, dicen, se resentirá.

Finalmente, McKinsey y ACEA apuntan a la necesidad de ayudas e inversiones para posibilitar el despliegue de cargadores y facilitar la instalación de cargadores privados por parte de los conductores. Los 240.000 millones de euros que se deberán invertir se repartirán entre la inversión privada, la pública y la particular, apoyándose esta última en programas de ayudas como el Moves III en España para ser atractiva para los que estudian pasarse a la movilidad eléctrica. El informe indica que los cargadores públicos los pagarán los gobiernos o sus operadores y que las mejoras en la red eléctrica las pagarán los consumidores a través de su factura mensual.

Nadie dijo que esto iba a ser fácil y desconocemos si los políticos que han decidido prohibir la combustión y la hibridación a partir de 2035 en Europa tenían todo esto en cuenta. Lo cierto es que las marcas automovilísticas han respondido con una oferta creciente y atractiva. Pero sin cargadores no hay paraíso y sin afrontar el despliegue de cargadores y el impulso de las renovables no habrá eléctricos.