Barcelona cambiará la ordenanza para tratar de blindar la zona de bajas emisiones

Aquí lo importante era exhibir unidad, dejar claro al Tribunal Supremo que la zona de bajas emisiones (ZBE) no es el capricho de un ente público que se mueve sin apenas músculo. Ayuntamiento de Barcelona, Govern y Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se han hecho carne este lunes en el consistorio para detallar el contenido de los recursos de casación (uno por administración) que han presentado para tratar de revertir la sentencia del TSJC que tumba el veto a los coches sin etiqueta ambiental dentro del perímetro que marcan las rondas. La resolución puede tardar un año en llegar. Antes, el gobierno de Ada Colau intentará tejer un as en la manga: una modificación de la ordenanza municipal que regula la ZBE de manera que el paraguas antipolución se pueda mantener si los recursos no prosperan.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio la razón a seis asociaciones que presentaron una demanda contra esta medida ambiental que dejaba fuera de la gran ciudad a miles de vehículos demasiado antiguos, y por ende, demasiado contaminantes. El juez les dio la razón con una sentencia hecha pública el 21 de marzo que dio un vuelco al corazón municipal, habida cuenta de que la ZBE es uno de los planes estrella del mandato, manufacturado al alimón con el AMB. No habían pasado 24 horas y las Administraciones públicas, incluido el Govern, anunciaban una "cadena de recursos" que ya han sido presentados. Ahora el Supremo, siempre que los acepte a trámite, podría tardar un año en deliberar. Y 12 meses es el tiempo que falta para las próximas elecciones municipales, caprichos del destino.

Lo pide Europa

El frente común de este lunes lo han perpetrado  Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica;  Marc Sanglas, director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, y  Antonio Poveda, vicepresidente de Movilidad de la AMB. Los tres han coincidido en que la ZBE responde a las  exigencias de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Barcelona, de hecho, tiene abierto un expediente sancionador por superar de manera reiterada el  límite máximo de polución.

Los recursos de casación presentados hacen hincapié en la presión europea y en las bondades del proyecto para la salud pública, pero no intentan rebatir algunos de los argumentos principales de la sentencia (y de los denunciantes) sobre la proporcionalidad de la medida o la ausencia de estudios económicos que avalaran la ZBE. Estos argumentos obligaron a trazar una estrategia jurídica peculiar, puesto que la sentencia, según fuentes municipales, "carece de relato jurídico y se limita a aportar un recorrido argumentativo ideológico que, además, deja de lado cualquier legislación vinculada con la salud o el medio ambiente".

Sanglas ha compartido ese punto de vista al lamentar "la mala interpretación" del TSJC respecto de la directiva europea y ha negado que la zona de bajas emisiones tenga un ámbito territorial desproporcionado. "El tribunal de la UE ha manifestado que la restricción en materia de movilidad está permitida cuando se trata de abordar la calidad del aire". "El camino es el correcto", ha sentenciado, convencido de que anteponer elementos como la "libertad de circulación o los derechos económicos" es un error.

Badia ha recordado las bondades del proyecto a nivel de  salud pública, pero de su alocución destaca el plan B en el caso de que el Supremo mantenga intacta la sentencia. Puesto que el fallo judicial señala a  la ordenanza que regula la ZBE, aprobada poco antes de la puesta en marcha del proyecto en enero de 2020, el ayuntamiento modificará el texto de esta normativa municipal para que el paraguas medioambiental pueda mantenerse bajo amparo de un documento vigente. Podría ser un pez que se muerde la cola, pues a bien seguro que esa media docena de asociaciones y patronales  volverían a presentar denuncia, pero se habría ganado un tiempo muy valioso. Y políticamente se podrían sortear las elecciones de mayo de 2023, pues la intención, ha señalado el concejal, es que este cambio se produzca en este mandato.

Nueva negociación

Para ello, sin embargo, será menester el apoyo de 21 de los 41 concejales que forman el pleno municipal. El conclave celebrado en diciembre de 2019 sacó adelante la primera ordenanza con los  votos favorables del gobierno (Barcelona en Comú y PSC), ERC y Junts. En total, 33 asientos, con la abstención de los otros ocho. En este segundo 'round', una vez el documento se haya actualizado, y aunque en año electoral cualquier cosa es posible, el frente común con Govern y AMB invita a pensar en una nueva mayoría. Con el texto aprobado, la ZBE se ampararía en un marco regulador nuevo que podría sortear la sentencia del pasado mes de marzo.

El nuevo documento hará mención a la ley de Cambio Climático y Transición Energética impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes (y las de más de 20.000 que superen el límite legal de polución) a impulsar zonas de bajas emisiones. También se recogerá el impulso del Govern a este instrumento destinado a mejorar la calidad del aire de las grandes concentraciones urbanas. El pasado mes de marzo, la Generalitat celebró una cumbre sobre la calidad del aire y se puso como fecha límite 2025 para que todos los municipios de más de 2.000 residentes (con independencia de su nivel de contaminación) tengan implementada una ZBE. con el objetivo de que, en ese mismo año, Catalunya haya conseguido reducir un 15% sus emisiones contaminantes.

Según datos del ayuntamiento, la ZBE ha reducido la polución un 11% respecto a 2017, cuando se anunció el impulso de la medida. Más de 600.000 desplazamientos en  coches sin etiqueta han dejado de producirse, pero  el uso del vehículo privado sigue siendo prácticamente el mismo que antes de la pandemia. Es decir, la gente ha cambiado de coche y no ha pasado al transporte público, que sigue un 15% por debajo de las validaciones de 2019. Para eso  podría servir el peaje urbano, pero es una medida que, aunque la  reclaman con vehemencia las entidades ecologistas, todavía no está en la primera línea del debate político municipal. Todo llegará. O no.