El Gobierno blinda como servicio de interés público al taxi pese el revés de Europa
Las autonomías y los ayuntamientos podrán limitar las autorizaciones de licencias VCT si es por motivos medioambientales o de gestión del tráfico
El Gobierno central seguirá considerando al taxi como servicio de interés público -a pesar del revés de la justicia europea en esta dirección a inicios de mes- y dejará en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos -que tienen las competencias de taxis y vehículos con conductor (VTC)- el establecimiento de mayores limitaciones a las licencias de VTC. Esos son los dos principales horizontes trazados este martes en el Consejo de Ministros a través de la aprobación de un nuevo decreto ley que modifica la normativa en materia de transporte.
En concreto, el nuevo texto del Ejecutivo -siguiendo una de las sugerencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) adoptada en respuesta a un proceso sobre la situación en el área metropolitana de Barcelona- especifica que tanto autonomías como consistorios podrán fijar limitaciones a las VTC si es por motivos medioambientales o de gestión del tráfico. Sin ir más lejos, como medidas, incluye una exigencia para que el titular de una autorización VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un periodo superior a tres meses, así como aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 en esas autorizaciones.
Sin embargo, donde España no ha seguido la vía de la justicia europea -más bien al contrario- es en el rol del taxi. El fallo de Luxemburgo dejaba claro que el objetivo de garantizar la viabilidad económica de sus servicios “no puede constituir una razón imperiosa de interés general”. Pese a ello, la nueva norma esquiva ese pronunciamiento y señala que “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas para establecer otra regulación, [el taxi] tiene la consideración de servicio de interés público”.
Reacciones
De momento, las patronales Feneval y Unauto-VTC aseguraban este martes tras conocer la nueva norma que exigirán a la Comisión Europea que abra un procedimiento contra el Ejecutivo central al considerar que se está “contraviniendo” la última sentencia europea.