El patinete eléctrico ya es imparable

Las ciudades se están transformando a contrarreloj para adaptarse a una nueva forma de movilidad marcada por la sostenibilidad. Aunque el coche y la moto siguen siendo las dos principales alternativas para el usuario -seguido a distancia por el transporte público-, en los últimos años han irrumpido con una fuerza extraordinaria vehículos de movilidad personal (VMP) como las bicicletas y, sobre todo, los patinetes eléctricos. Una irrupción masiva que ha cogido por sorpresa a ciudadanos e instituciones, quienes tratan de adaptar su forma de vida y estructura para disfrutar de sus múltiples ventajas, y solventar las desventajas de su repentina aparición.

Como nos comenta Ramón Ledesma, asesor de la consultora de movilidad Pons Mobility, “el interés por los VMP ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo, y eso requiere un buen uso del espacio público compartido”. Ledesma es experto en política sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial y ex Subdirector General de Normativa y Recursos de la DGT, por lo que nadie como él para hablarnos de cómo deben adaptarse las instituciones públicas, la empresa privada y los propios usuarios a esta nueva forma de movilidad.

La bicicleta es un medio de transporte que no es nuevo, aunque tomando ejemplo de los países nórdicos y sus políticas medioambientales, cada vez es más utilizado en España. En cambio, el patinete eléctrico sí supone toda una revolución en el ámbito del transporte urbano. “Cada vez más, las ciudades quieren recuperar los espacios para el peatón, como se demuestra con los esfuerzos por parte de los ayuntamientos a la hora de peatonalización de sus calles, pero en esta transformación ha pillado en medio al patinete eléctrico”, comenta Ledesma, quien añade que “en la cultura latina la acera es sagrada para los peatones y no hay que entrar en ella. En cambio, la calzada es un espacio que cada vez más es más para el ciclista y el patinete, dejando de ser protagonistas los vehículos con motor de combustión”.

En ciudades grandes de nuestro país como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, cada vez es más habitual ver como grandes avenidas de 3 ó 4 carriles se reducen a 1 ó 2 para habilitar carriles bici y taxi/bus, con el fin de fomentar el VMP sostenible o el transporte público. Una transformación en la que las administraciones se la juegan, ya que esto no debe generar atascos ni retrasos en los desplazamientos. Y es ahí precisamente donde entra en juego la concienciación social y la participación publico-privada.

El ciudadano ha de ser consciente de los beneficios medioambientales y de convivencia que supone emplear en sus desplazamientos diarios un patinete eléctrico, una bicicleta, usar el transporte público, e incluso caminar. Pero para que éste abandone la comodidad del coche y la moto, debe haber un respaldo del sector publico-privado que habilite un entorno urbano amigable con este tipo de movilidad, servicios a disposición del usuario como un eficiente y eficaz servicio de transporte público, o empresas privadas de alquiler de patinetes eléctricos.

Algunas de estas últimas han cesado su actividad en nuestro país precisamente por la falta de entendimiento con las administraciones públicas a la hora de ejecutar la normativa que regula este tipo de servicios. En la mayoría de ciudades y municipios de nuestro país sí existe una normativa clara y precisa, pero en muchos casos no se cumple, ni por parte de los estamentos oficiales ni por parte de las propias compañías. Éstas se quejan de que la normativa vigente no es compatible con la actividad empresarial, como es el caso de Spin, que dejó de operar recientemente en España argumentando que no existe “una dinámica de permisos que hace difícil la rentabilidad”. Así lo dijo el propio CEO de la compañía de movilidad perteneciente a Ford, Ben Bear, quien también aseveró que “mercados de permisos abiertos que carecen de regulaciones sensatas” como el de España, “ crean un entorno operativo incierto, marcado por los frecuentes cambios en el panorama competitivo, la ausencia de límites en el tamaño de las flotas y la carrera hacia los precios más bajos”. “Obtenemos el doble de ingresos por vehículo en los mercados de proveedores limitados en comparación con los mercados de permisos abiertos y podemos ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios y a las ciudades”, sentenció finalmente Bear.

Al respecto, Ramón Ledesma dice que para solucionar este tipo de desencuentros y favorecer la proliferación del uso de VMP, debe haber “ estrategia, norma y comunicación. Las administraciones deben saber hacia dónde quieren ir en los próximos 5 ó 10 años, y marcar una norma y estrategia clara. Lo que no es admisible ni asumible para las empresas privadas son los cambios de decisiones”. Incluso argumentó que “algunas administraciones ya las tienen bien definidas, pero les falla la comunicación y la pedagogía”.

Ledesma insiste en su discurso que “debe haber una seguridad jurídica que permita marcar un camino que no se pueda alterar a mitad de juego. Sin seguridad jurídica no hay negocio. Cada vez debe existir más colaboración público-privada; de lo contrario será un error. No queda otra que entenderse”, sentencia el asesor de Pons Mobility, quien concluyó sus declaraciones diciendo que uno de los principales errores a la hora de fomentar la movilidad sostenible en las ciudades en colaboración con las empresas privadas es que “no existe un organismo regulador que depure competencias entre todos. De este modo nadie toma decisiones”.

Lo que está claro es que ya no hay vuelta atrás en la evolución de la movilidad urbana, como se demuestra con la adaptación e la normativa vial al amparo de leyes como la reducción de la velocidad a 30 km/h de velocidad punta en la mayoría de las calles de las ciudades, la proliferación de carriles bici y taxi/bus en detrimento de calzadas para coches y motos, y en la mentalidad del ciudadano, cada vez más concienciado con la sostenibilidad y el medioambiente.

Y quizá el mejor ejemplo de hacia dónde nos dirigimos sea la ciudad de Pontevedra, que hace casi 25 años cerró al tráfico su casco urbano para la celebración de unas fiestas, y lo que iba a ser algo temporal sigue siendo a día de hoy una realidad por petición popular. Es un caso a estudiar…