Las Zonas de Bajas Emisiones para ciudades, obligatorias en 2023
La Ley de Cambio Climático las prevé para todas las urbes de más de 50.000 habitantes y las de las islas.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es clara. Antes de 2023, todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares en España, deberán establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta obligación se extenderá también a aquellos municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles de contaminación recogidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Estas zonas no solo limitarán la entrada de vehículos contaminantes, sino que deberán facilitar formas de desplazamiento saludables para los ciudadanos, como la bicicleta o ir a pie a través de «corredores verdes intraurbanos».
También se deberá garantizar la mejora y el uso del transporte público, que tendrá que avanzar hacia su electrificación o, por otro lado, el uso de combustibles libres de emisiones, como el biometano. Se recoge, asimismo, la necesidad de contar con planes de impulso de la movilidad eléctrica privada, lo que supone la creación de puntos de recarga.
De hecho, asociaciones por la defensa del medioambiente como Ecologistas en Acción insisten en que estas ZBE no deben centrarse únicamente en la restricción del tráfico rodado, sino que deben estar acompañadas de planes «ambiciosos» de movilidad que guíen a la ciudadanía hacia un cambio en los desplazamientos, del tráfico privado a medios no motorizados, además de fomentar el uso del transporte público.
De esta forma, no solo se conseguirá mejorar la calidad del aire de las grandes ciudades, sino también mitigar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
De modo que ciudades como Valencia, Córdoba, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra, y así hasta casi 150 municipios de todo el país, están diseñando e implantando ya sus zonas de bajas emisiones para adaptarse a la Ley de Cambio Climático.
No obstante, España ya cuenta con Zonas de Bajas Emisiones establecidas, como son la de los dos centros neurálgicos del país: Madrid y Barcelona.
Madrid
En el caso de la capital española, su zona de bajas emisiones entró en vigor en 2018 bajo el nombre de ‘Madrid Central’ y con el visto bueno de la Comisión Europea. De hecho, fue la primera ciudad española en diseñar y poner en marcha una zona de bajas emisiones en su área metropolitana.Se trataba de un área de 472 hectáreas que abarcaba casi todo el distrito del centro. A esa zona delimitada se restringía el tráfico general, con excepciones para los residentes, el transporte público, vehículos de determinados colectivos y los menos contaminantes según la DGT.
Un año después, las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno (NOx) emitidas por los turismos se habían reducido un 38% y las de dióxido de carbono (CO2) un 14%, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Barcelona
Desde el 1 de enero de 2020, Barcelona cuenta con una Zona de Bajas Emisiones de 95 kilómetros cuadrados que incluye prácticamente todo el término municipal de Barcelona, las localidades circundantes de Sant Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.Este área está operativa desde las 7 hasta las 20 horas y, con su puesta en marcha, pretendía reducir un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la restricción progresiva de los vehículos más contaminantes, es decir, sin distintivos ambientales.
En este caso, sin embargo, el futuro de la ZBE es incierto, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anulado esta iniciativa, por falta de suficientes informes y por medidas excesivamente rigurosas. De momento, sin embargo, el Ayuntamiento mantiene en vigor la ZBE.
Esa normativa recoge las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento de vehículos según su potencial contaminante; los requisitos mínimos de las zonas de bajas emisiones en cuanto a calidad del aire, eficiencia energética y ruido, e impulsa la coordinación entre administraciones públicas y entre municipios, incluyendo la posibilidad de establecer zonas de bajas emisiones supramunicipales además del régimen sancionador aplicable.
Europa
Las zonas de bajas emisiones son unas viejas conocidas para las grandes metrópolis europeas. Algunas de estas ciudades llevan ya diez o incluso veinte años con estas medidas implantadas y en pleno funcionamiento para reducir la polución en las zonas urbanas.Berlín es uno de los ejemplos, con su ZBE operativa desde enero de 2008 y actualizada en años anteriores. Abarca un área de 88 kilómetros cuadrados y está delimitada por la línea circular del tranvía.
Ecologistas en Acción señala que en el primer año de su inauguración los vehículos sin etiqueta ambiental (Euro 1) disminuyeron un 70%.
Londres es otra de las urbes europeas que más ha avanzado en poner límites al tráfico rodado. Ya en 2003 creó una «tasa de congestión» para el área central de la capital, esto es, un peaje obligatorio de unos 12 euros para entrar con el vehículo en esta zona.
En 2019, inauguró la Zona de Emisiones Ultra Bajas, que extendió el perímetro en 2021, afectando a vehículos diesel anteriores a 2015 y con gasolina anteriores a 2006.
En el caso de Milán, a partir de 2012 entró en vigor una combinación de ZBE y peajes, incluyendo un área de 128 kilómetros cuadrados y un peaje en función de criterios ambientales, generando dos grandes zonas concéntricas en la ciudad italiana.
Hay casos de mayor envergadura como es el de Holanda, que cuenta con un marco nacional para la regulación de las zonas de bajas emisiones, denominadas «milieuzones». De manera que los municipios están divididos en las zonas ambientales amarilla, verde o morada en función del tipo de vehículo.
¿Cuáles son los objetivos de España para 2030?
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética también establece unos objetivos mínimos que el país deberá haber cumplido para 2030, el año que la propia ONU se marca como fecha límite para cumplir con las metas de Desarrollo Sostenible acordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, que venían a sustituir los conocidos como Objetivos del Milenio.En el caso de España, dentro de ocho años, el país deberá haber reducido los gases de efecto invernadero del conjunto de la economía nacional en, al menos, un 23% con respecto a los niveles de 1990.
Asimismo, en 2030, las energías de origen renovable deberán haber conseguido una penetración en el consumo de energía final de, al menos, un 42%. En cuanto al sistema eléctrico, el objetivo es haber logrado una generación de electricidad de, al menos, un 74% a partir de esas energías renovables.
Para entonces, otra de las aspiraciones es haber mejorado la eficiencia energética de España mediante una reducción del consumo de energía primaria de, como mínimo, un 39,5% con respecto a lo marcado por la normativa comunitaria.
Con todo ello, antes de 2050, lo que la ley considera «el plazo más corto posible», el país deberá haber alcanzado la neutralidad climática.
Por otro lado, la ley deja la puerta abierta a la revisión de todos estos objetivos, siempre con que sea una actualización al alza de los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero marcados.
Además, esas revisiones estarán justificadas con la necesidad de ajustar las metas nacionales a compromisos internacionales como el Acuerdo de París, para cumplir la normativa de la Unión Europea o para adaptarse a los avances tecnológicos y científicos. Estas revisiones comenzarán en 2023.