Multa de tráfico surrealista en Barcelona: al borde del embargo tras entregar el coche al desguace
A Avelina la multaron por una infracción de tráfico que no cometió. No se trata de que la conductora niegue que circulara a demasiada velocidad por Barcelona ni que discuta que se saltara un semáforo en rojo. Su queja resulta mucho más chocante: Avelina no conducía a la hora y el día que consta en la sanción del Ayuntamiento, que en 2022 puso un millón de multas de tráfico.
La denuncia asegura que la mujer, de 76 años, fue enganchada en la Gran Via al volante de un coche sin etiqueta ambiental a las 08.23 de la mañana de un martes de agosto del año pasado, en pleno horario de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuando se veta la circulación a los turismos señalados por contaminar en exceso. No obstante, no era posible que el vehículo acusado de desobedecer la restricción recorriera la ciudad cuando dice la notificación: la conductora se había deshecho del turismo cinco días antes, cuando lo entregó al desguace municipal, tal como ella misma explicó en una carta dirigida a la sección Entre Todos de EL PERIÓDICO.
El motivo tras el misterio de la multa es una banal confusión. El automóvil del que Avelina se había desprendido -un Volkswagen Golf de color blanco- iba cargado en una grúa camino a ser triturado. El radar captó la matrícula sin tapar del Golf arrastrado e identificó que el vehículo tenía prohibido transitar en aquel instante. La máquina -y el funcionario que, acaso, examinó la fotografía antes de enviar la multa- fueron incapaces de apreciar que el turismo no se desplazaba por sí solo sino que, en realidad, estaba siendo remolcado.
Se trata de un error que, desde la implantación de la ZBE en 2020, se ha repetido en alguna otra ocasión, también con episodios esporádicos e idénticos al que Avelina atestigua. El consistorio comenta que ha efectuado ajustes en las cámaras “para minimizar incidencias”. Añade que acordó con los gremios correspondientes que las placas de las matrículas se cubriesen para ahorrarse equivocaciones. Sin embargo, no sucedió en el caso de marras.
Un recuadro negro
La imagen que Avelina recibió junto al aviso no ayuda a despejar el equívoco. A duras penas se distingue algo. “Lo que mandaron es un recuadro negro, con una micromatrícula que casi no se lee”, se queja.
El consistorio ha acabado anulando la multa siete meses después de dictarla. Lejos de mostrarse satisfecha, la vecina desgrana aún irritada la sucesión de despropósitos que afrontó. El sinsentido llegó al punto de quedar al borde de un embargo por orden municipal.
“Con mi edad, la situación me superaba. No es lo mismo que le pase a una persona joven que a alguien de mi edad, aunque aún tengo empuje”, admite. Da fe de que tuvo que bregar para que le dieran la razón ante una confusión que cataloga de “kafkiana y absurda, abusiva e insensata”.
Tras dos recursos infructuosos -“no respondieron ni a uno ni a otro”-, la denunciada acabó presentándose en la oficina municipal de Hacienda, a pocos días de que le intervinieran la cuenta corriente para retenerle 241,90 euros por impago de la amonestación. Lo arregló a la vieja usanza, en ventanilla y exigiendo ser atendida. “Vinieron varios funcionarios, miraron la foto que tenían en el ordenador, la hicieron más grande... Al final, reconocieron que mi coche iba encima de una grúa”, cuenta.
Cadena desafortunada
Avelina enumera una cadena de aparentes negligencias. En primer lugar, remarca que la multa que le imponía un pago de 200 euros no llegó certificada a su piso de Barcelona. “El portero la encontró casualmente al abrir el buzón de la publicidad. Lo hace una vez por semana para tirar la propaganda y allí encontró la carta”, precisa.
Eso ocurrió el 14 de noviembre, dos meses y medio después de que se firmara la resolución contra la conductora. El ayuntamiento responde que intentó comunicar la notificación en persona el 15 y 16 de septiembre. Sostiene que no fue posible y que, en consecuencia, “se siguió el procedimiento fijado”, por lo que el aviso se publicó el 28 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El consistorio aduce que la afectada interpuso un recurso el 18 de noviembre, “fuera del período de alegaciones”. El término se agotó el 18 de octubre, 20 días después de que el anuncio apareciera en el BOE. Difícilmente Avelina podría haber apelado dentro de plazo, desconocedora como era de la sanción hasta que el portero la halló en un buzón que solo él examina.
Molesta por no haber recibido la multa a tiempo, Avelina suma la respuesta cuanto menos áspera de la funcionaria con la que topó al llamar en la primera ocasión en que procuró aclarar el asunto. “Me dijo que tenía la obligación de mirar el BOE y saber que yo aparecía como morosa a nivel nacional. Fue lo peor que me pudieron decir. Me alteró. No tengo ninguna hipoteca, ¡pero ahí salen personas que deben 800.000 euros!”, subraya Avelina.
Atemorizada por figurar como deudora, se convenció de que tendría que abonar el castigo. Sin embargo, volvió a contactar con el consistorio. La segunda conversación fue menos hosca y le desmintieron que apareciera en un registro público de deudores. Pudo cursar el recurso e incluyó el certificado de que había entregado el automóvil. “Pensaba que ya podía estar tranquila, pero no fue así”, admite. “A primeros de enero de 2023, me comunicaron que debía pagar 223 euros por el mismo concepto. Y, el 21 de marzo, mi banco me notificó que tenía un embargo”, detalla.
“Incompetencia y mala gestión”
Entre medio, Avelina regresó al desguace municipal para pedir cuentas. “Me dijeron que, a la hora que sale en la multa, el coche iba en la grúa y que lo que tenía que hacer era denunciar al ayuntamiento”, expresa. Al final, consiguió que la sanción se cancelara sin que mediaran correos electrónicos ni reclamaciones a distancia.
“No me dieron ninguna explicación de cómo se pudieron confundir”, atestigua Avelina, que siente haber sufrido un manifiesto desatino: “Ha habido incompetencia y mala gestión, y pienso que también mala fe. Si no, no me habrían dicho que aparecía en una lista de morosos para intimidarme”.
El consistorio subraya que las sanciones indebidas a vehículos trasladados en grúa son “aisladas”. “Cuando se detectan a través de un recurso, siempre se retiran”, apostilla. No obstante, a Avelina no le resultó sencillo quitársela de encima. Tan complicado lo llegó a ver que estuvo a punto de abonarla en dos ocasiones: “Una vez llegué a ponerme la chaqueta para ir al banco y pagarla. Cuando iba a abrir la puerta, me paré. ‘¿Para qué voy a pagar si no he hecho nada?’, me dije”. Perseverante, la conductora logró que las evidencias que acreditaban que no perpetró la falta se impusieran sobre la burocracia que la apremiaba a pagar.